A 50 años de "La Noche de los Tubos": el reclamo de justicia por los obreros desaparecidos de Siderca

Durante los años previos al golpe militar de 1976, las plantas metalúrgicas de la zona norte bonaerense presentaban una altiva actividad gremial. Los trabajadores de la fábrica Dálmine-Siderca (del Grupo Techint) —dedicada a la emblemática fabricación de caños de acero sin costura o "tubos"— mantenían comisiones internas activas que desafiaban de manera constante las condiciones impuestas por las patronales. La organización de base buscaba mejoras salariales y laborales en un entorno de alta productividad industrial. 

Despues del Golpe Militar, en la madrugada del 22 de septiembre de 1976, se  interrumpió de forma violenta esa resistencia. Camiones y camionetas militares blindadas irrumpieron en distintos barrios populares de la localidad de Campana. Con listas en mano, grupos de tareas de la guarnición militar de Campo de Mayo asaltaron las viviendas particulares de los delegados y operarios marcados. Bedia, Moreno, Culzoni y Martínez fueron sacados a la fuerza frente a sus familias; ninguno de ellos volvió a ser visto.

La ejecución material de los secuestros expuso una sincronía directa entre las fuerzas represivas y la gerencia de la empresa. Testimonios vertidos en juicios posteriores revelaron que las oficinas de personal de la siderúrgica facilitaron legajos, listas negras y tareas de "inteligencia interna" para identificar a los obreros más activos. Alrededor de 80 trabajadores de Siderca corrieron el mismo destino trágico a lo largo de todo el periodo dictatorial.

Con la llegada al Gobierno de Néstor Kirckher. En el plano judicial, los avances más significativos se lograron en las causas conexas a la megacausa de Campo de Mayo. Recientemente, los Tribunales Federales dictaron la condena a prisión perpetua del exmilitar Pacífico Luis Britos por su rol operativo en las desapariciones de la región.

Sin embargo, la querella colectiva y los familiares de las víctimas sostienen de forma unánime que el proceso de memoria y reparación continuará incompleto mientras las máximas autoridades corporativas de la empresa Techint, como su CEO Paolo Rocca, no sean juzgadas penalmente por su rol como artífices de la represión.